HIPOACUSIA PARLAMENTARIA

FRANCISCO SELAME M. Socio PwC-

El Mercurio

La amplia mayoría de los chilenos se ha expresado en favor de la elaboración de una nueva Constitución. Cualquiera sea su contenido, se le asignará un alcance refundacional de las bases de nuestra organización jurídica, y desde un punto de vista histórico, se puede decir que nos conducirá a una especie de quinta república.

Una mayoría aún más significativa, se ha pronunciado por dotar de este poder constituyente a una Asamblea Constitucional, excluyendo categórica y expresamente de cualquier participación en ella al Congreso Nacional. Se podrá argumentar que mientras no se constituya dicha Asamblea, el poder constituyente sigue radicado en los parlamentarios, pero ¿es razonable que, si la ciudadanía los quiere lejos de la Carta Fundamental, insistan en promover y aprobar un sinfín de nuevas reformas constitucionales de todo tipo, incluidas las tributarias?

¿No deberían oír la voluntad popular y como Congreso desdeñado, terminar con la practica poco ortodoxa de introducir artículos transitorios, discordantes y cuestionables, que no solo contradicen el texto constitucional permanente, sino las propias normas transitorias recientemente incorporadas por ellos? También en lo que ahora aparece como un descuido del sentido de oportunidad, el Ministerio de Hacienda creó una Comisión Tributaria integrada por 16 muy destacados economistas de diferentes corrientes políticas, con el objetivo de avanzar en un sistema tributario simple, justo y eficiente y lo ha hecho sin esperar el resultado del plebiscito.

Si para excluir de su integración a otros expertos y operadores del sistema, se ha dicho que esta Comisión no persigue la redacción de una reforma tributaria, sino más bien precisar el alma económica de un nuevo orden fiscal, ¿tiene esto sentido, mientras la Asamblea Constituyente no defina los principios de la Constitución Tributaria, a los que el trabajo de cualquier comisión debería responder? Está claro que este proceso no puede poner en pausa al país, ni las autoridades desatender sus múltiples e imperiosas obligaciones, pero a partir del 25 de octubre, ninguna de sus actuaciones puede prescindir del mensaje ciudadano ni de sus efectos futuros. Hacer oídos sordos a todo ello no solo arriesga la eficiencia y permanencia de las medidas que se adopten, sino que traicionaría el respeto que debe darse a una de las expresiones más claras y rotundas de la soberanía, en nuestra historia reciente.

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