Reforma tributaria y el día a día de los impuestos

El Mercurio

VÍCTOR FENNER, director ejecutivo de Consultoría Tributaria de EY Chile.

Para que un sistema tributario funcione, se necesita que ciertos operadores y herramientas trabajen coordinados, y debe haber sistemas de gestión (ERP) que permitan extraer la información de cada empresa para efectos de poder determinar los impuestos.

En un lapso de apenas cinco años, nuestro país ha visto dos grandes reformas tributarias que han sido objeto de discusión legislativa: una, la de 2014, que se convirtió en ley, y otra, la de 2018, que hoy lucha por serlo. Si además consideramos la de 2012 (de menor entidad), serían tres reformas en siete años. Un verdadero récord. Se trata, si pensamos en 2014 y 2018, de modificaciones bastante sustantivas, que han llevado a la opinión pública a plantearse el problema de los impuestos prácticamente desde su base filosófica, es decir, cuál debería ser la función del sistema tributario en una sociedad democrática con un sistema de mercado; y hoy parece haber en juego dos inclinaciones: la eficiencia (que sería lo preferido por la derecha) y la equidad (que vendría siendo la bandera de lucha de la izquierda). Todos, muy grandes e importantes temas, sin duda (y no poca tinta ha sido dedicada a ellos en academia y opinión pública). Sin embargo, y salvo quizás al interior de los círculos que conviven en el sistema (contadores, abogados, fiscalizadores), nadie parece haber reparado demasiado en el impacto que este devenir incesante de reformas tiene en el día de a día de las empresas: su funcionamiento rutinario. 

Y acá no me refiero al impacto de los grandes cambios (pasar de la integración a la semi-integración; incorporar una norma general antielusiva, etc.), sino al impacto que tiene el hecho mismo de haber una reforma tras otra. Y es que para que un sistema tributario funcione se necesita que ciertos operadores y herramientas trabajen coordinados, y debe haber sistemas de gestión (ERP) que permitan extraer la información de cada empresa para efectos de poder determinar los impuestos. Debe haber controles extracontables para detectar las diferencias entre las normas financieras y tributarias (hoy, para empresas de cierto tamaño, es un imperativo que dichos controles sean automatizados). 

También es necesario que haya contadores auditores y técnicos que sepan operar estos sistemas, conozcan las normas, y puedan llenar las (no poco complejas) declaraciones de impuestos y un sinfín de declaraciones juradas. Deben existir funcionarios del Estado capaces de recibir la información, procesarla, y verificar su corrección, lo que incluye la tarea nada menor de entender el modelo de negocios (a lo que debemos agregar, hoy por hoy, el modelo de gestión) de la empresa; y por último, debe haber abogados capaces de defender o cuestionar lo que cualquiera de los anteriores haya hecho —y más importante, visualizar cuándo lo tributario no tiene sentido económico, y viceversa—. 

Cuando a cada uno de esos partícipes y herramientas les cambian las reglas del juego una y otra vez, no solamente hay un costo de adaptación y aprendizaje. Hay un costo en la agilidad de las decisiones, en la seguridad con que cada uno las toma, en el entendimiento compartido de la regulación (y más importante, su sentido); todo lo cual finalmente se traduce en inoperatividad, incertidumbre, arbitrariedad y conflicto. Tales costos —que el fisco y los contribuyentes asumen por igual, no hay que olvidarlo— sugieren que, al momento de proponer un cambio, no debe perderse de vista que el sistema tributario es un buque pesado, al que pueden hacerle daño golpes de timón tan abruptos y constantes. Es de esperar que, en la aspereza propia de las negociaciones, nuestros legisladores tengan presente esta importante variable.

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