La importancia de salvar a la autorregulación en los gobiernos corporativos

El Mercurio

Cristóbal Romo Director Legal Corporativo de BDO Chile

La falta de resultados concretos pone en peligro el control que la autoridad dio a las empresas para impulsar las mejoras en la gestión de sus directorios.
En los últimos años, sucesivas autoridades se han preocupado de alinear la legislación sobre gobiernos corporativos con las mejores prácticas observadas a nivel internacional en esta materia, lo cual además, incluye la promulgación de ciertas leyes puramente penales. El resultado ha sido la dictación de varias normas, que si bien han significado avanzar por el camino correcto, no consideraron ensu formulación medidas cohercitivas. ¿La razón? Se buscó que los propios agentes privados sean quienes mantengan un control de sus acciones mediante la autorregulación.

No obstante, el tiempo pasa y periódicamente la opinión pública se entera que firmas emblemáticas en sus respectivos mercados protagonizan colusiones, repactaciones unilaterales y hasta una gestión dolosa. La impresión, entonces, es que las sociedades anónimas no se están tomando en serio este tema y que el principio rector de la autorregulación de las buenas prácticas corporativas no funciona.

Y es cierto: los directores de empresas siguen firmando las actas por asistencia a sesiones de directorio sin haber estado efectivamente presentes en la sesión, o suscriben los balances sin un espíritu crítico. Y en rigor, nada obliga a las sociedades reguladas –y menos a las no reguladas– a cumplir con la norma. Por tanto, parece válido reprochar que la autorregulación no sirve.

Sin embargo, la autorregulación es, de hecho, un pilar importante del sistema económico chileno, de manera que antes de generar un vuelco radical se deben hacer nuevos esfuerzos tendientes a fortalecer dicho principio.

Pare ello el verdadero desafío es lograr algo tan básico como que los directorios hagan bien su trabajo. ¿Cómo? Otorgándoles mayores herramientas de control, y permitir que las auditoras y consultoras, agencias de cumplimiento, estudios jurídicos especializados, certificadoras y los revisores independientes tengan más poder y asuman un rol complementario al de las obligaciones del directorio.  Esto podría lograrse, por ejemplo, estableciendo que la auditoría externa de los balances incluya una revisión de las normas de probidad que la empresa haya fijado y su grado de observancia durante el ejercicio.
Las sociedades también deberían ser disciplinadas en la creación de oficinas de cumplimiento. Hoy los organigramas de las empresas muestran que casi ninguna ha generado esta instancia, aunque es una figura contemplada en la Ley 20.393 de prevención de delitos específicos. Ello evidencia que hay mecanismos que no están siendo utilizados y es revelador sobre la indolencia que impera al respecto.

El papel del Estado debiese ser igualmente más activo en promover el buen gobierno corporativo. A modo de ejemplo, la Superintendencia de Valores y Seguros debería solicitar y calificar los reglamentos y actas que las empresas dispongan para alcanzar estas buenas prácticas, o solicitar mejores explicaciones en caso de no cumplirse con alguna de las recomendaciones sobre esta materia. O bien, dotar con mayores atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero, la que si bien tiene excelentes profesionales, cuenta con una dotación insuficiente para reaccionar frente a la gran cantidad de información que recibe. De este modo, si se opta por el autocontrol, la autoridad debe dar el debido presupuesto a los reguladores, ya que de lo contrario la ley es letra muerta.

En este escenario, los auditores y certificadores debemos contribuir a que se produzca un cambio en la mentalidad de los directores de empresas, que hasta ahora han sido poco diligentes, para que asuman su rol con profesionalismo, y si representan a sociedades reguladas, muestren compromiso con las buenas prácticas de gobierno corporativo indicadas en la normativa actual. Por su lado, el Estado debe dotar de recursos a quienes deben velar por el cumplimiento de la norma. Sólo así el modelo de autorregulación tendrá validez.

Otras Publicaciones

Columnistas

Últimas Publicaciones