Entre la fragilidad y la convicción

Por Michel Laurie. PULSO 15/03/2018

*El autor es abogado, senior manager Servicios Laborales PwC

La fragilidad de avanzar por vía administrativa emitiendo un nuevo dictamen sobre grupos negociadores es un camino errado, pues obligaría al órgano administrativo a dar una voltereta en un tema que sigue siendo polémico.

Mucho ha aparecido en la prensa respecto de cuáles serán las prioridades del nuevo Gobierno del Presidente Piñera en materia laboral. Una de las que se menciona es la referida al ajuste de la Reforma Laboral y, en particular, a establecer una regulación a los convenios de grupo negociador.

Se ha dicho que una de las alternativas es hacer este ajuste a través de la vía administrativa, esto es, la emisión de un dictamen por parte de la Dirección del Trabajo respecto de los acuerdos de grupo negociador.

La fragilidad de avanzar por la vía administrativa emitiendo un nuevo dictamen sobre la materia, en mi opinión, es un camino errado, pues obligaría al órgano administrativo a dar una voltereta sobre un tema que fue y sigue siendo polémico, y sin que exista ninguna nueva norma sobre la materia. El único cambio sería la modificación de las autoridades políticas a cargo, producto del cambio de Gobierno.

La convicción de que debe existir una regulación legal respecto de los grupos negociadores, cuestión que puede deducirse del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, debería demostrarse a través de un proyecto de ley que regule en la forma y en el fondo las negociaciones que pueden llevar adelante los grupos negociadores. Dar una regulación legal a esta materia favorecería a los propios trabajadores y esa es la convicción que se debe tener, en el entendido de que existe más de un 80% de trabajadores que no pertenecen a ninguna organización sindical.

Un proyecto de ley que se refiera a esta materia debería contener a lo menos normas mínimas respecto de la constitución de los grupos negociadores, normas de procedimiento de negociación colectiva que podrían llevar adelante, normas relativas al fuero, normas del contenido mínimo que deberían contener los acuerdos de grupo negociador, normas relativas a los efectos y duración del instrumento colectivo.

Presentar un proyecto de ley, en mi opinión, demostraría convicción de que el tema debe ser regulado y ese convencimiento debería ser defendido en el Congreso Nacional. Intentar regular el tema sólo a través de un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, únicamente pondría en aprietos al órgano administrativo y dejaría abierta la posibilidad de un futuro cambio en la interpretación administrativa.

Estaremos atentos a ver qué pasa en este debate entre la convicción y la fragilidad.

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