San Ramón, la manzana podrida

2017-10-30
Medio: Pulso
Sección: Opinión – Pulso Perspectivas

TAMARA AGNIC  – socia KPMG, Advisory Forensic; ex superintendenta de Pensiones y ex directora UAF.
Combatir el fenómeno del lavado de activos requiere admitir que toda organización, sea pública o privada, tenga o no fines de lucro, resulta vulnerable ante el poder económico del narcotráfico.

El episodio conocido en la Municipalidad de San Ramón, en el que aparentemente habría penetrado el narcotráfico, ha tenido a los funcionarios municipales como foco de atención de la opinión pública. Sin embargo, se ha puesto menos cuidado en uno de los efectos colaterales más dañinos que enfrenta nuestro sistema económico y social producto de esta problemática, como es el lavado de activos.

Los grandes flujos de dinero que reporta el tráfico de drogas y la diseminación de los mismos en nuestro sistema económico son capaces de corromper y horadar los cimientos más profundos de nuestra sociedad. El narcotraficante siempre utilizará todos los medios a su alcance y será capaz de destinar parte de las ‘ganancias’ a corromper tanto a funcionarios públicos como a agentes privados de cualquier sector económico, para conseguir el objetivo de dar apariencia de legalidad a los recursos sucios.

Los lavadores necesitan aprovecharse de actividades privadas totalmente lícitas, permitiendo que se mezclen flujos de dinero de fuente legal con aquellos de origen oscuro. Es allí, en la actividad económica diaria, sea productiva o de servicios, y no en otro lugar, donde los delincuentes obtienen ese aparente sello de blancura que requieren sus fondos ilícitos para ser posteriormente utilizados en alimentar las cadenas delictivas.

La poca conciencia sobre la ocurrencia en nuestro país de maniobras tendientes a tratar de dar apariencia de legalidad a dinero proveniente, por ejemplo, de la venta de droga, profundiza aún más sus nefastas consecuencias. Cuando se habla de lavado de activos como un riesgo real al que están expuestas las instituciones y las empresas en nuestro país, la reacción más frecuente de las distintas audiencias es de asombro y negación. ‘En Chile, eso no pasa’, suele ser el comentario.

Pues bien, la legislación chilena ha contemplado esta condición de vulnerabilidad del sector privado, asignándole una responsabilidad de primer orden, al entregarle los incentivos necesarios para que se implanten los mecanismos de prevención y control, dando las señales pertinentes a los delincuentes para dificultar la utilización de las estructuras jurídicas lícitas con fines deshonestos.

El primer paso en esta dirección se dio el año 2003, con la promulgación de la Ley 19.913, al incluir a un acotado número de sectores económicos en la tarea de identificar operaciones sospechosas de lavado de activos. El camino trazado se profundizó el año 2009 con la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las empresas, señalando que la adopción e implementación efectiva por parte de todas las empresas de modelos de prevención de delitos les permite protegerse de no ser utilizadas para cometer alguno de los delitos contemplados en dicha ley, incluido el lavado de activos, y de paso aportar al mantenimiento de un sistema económico sano y sostenible.

Combatir adecuadamente el fenómeno del lavado de activos requiere, en primer lugar, reconocer que toda organización, sea pública o privada, pequeña o grande, tenga o no fines de lucro, es vulnerable ante el poder económico del narcotráfico. La urgencia de lidiar con los efectos colaterales de la droga se vuelve innegable con el episodio de San Ramón, y no podemos permanecer en la ingenuidad pensando que se trata de un caso aislado, de una ‘manzana podrida’. La evidencia concreta que arrojan las 86 condenas por lavado de activos que a diciembre de 2016 exhibe nuestro país, nos dice que no somos la excepción y que en Chile sí se blanquean capitales.

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