Plazos cortos, problemas grandes

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Hemos tomado conocimiento que probablemente se adelantaría la obligación de presentar la declaración jurada sobre renta líquida imponible y datos del balance para el 28 de febrero de 2018.

martes, 10 de octubre de 2017 16:42

Mauricio Pérez Wilson
Director Ejecutivo de Consultoría Tributaria de EY Chile

La reforma tributaria que comenzó a regir en plenitud a contar del 1 de enero de 2017 no modificó el plazo para declarar y pagar el impuesto a la renta. Así, en abril de cada año, las empresas y personas naturales determinan y declaran su renta afecta a impuesto de primera categoría, global complementario o adicional. Para que ello sea posible, las empresas pagadoras de dichas rentas han debido presentar previamente una serie de declaraciones juradas (DDJJ) al Servicio de Impuestos Internos (SII), informando los datos necesarios para que las personas puedan presentar su declaración (dividendos, retiros, sueldos, honorarios, entre otros).

Si consideramos que la cantidad de DDJJ ha aumentado considerablemente en el transcurso de los años (21 el año 2000; 52 el 2008, 83 el año 2016), cobra real importancia el plazo de presentación de las seis nuevas DDJJ asociadas a la información de retiros, distribuciones, determinación de la renta líquida de contribuyentes acogidos a las disposiciones de la letra A) del artículo 14 de la LIR, y los movimientos y saldos de los nuevos registros de rentas empresariales, las cuales tienen vencimiento entre el 7 y 22 de marzo de 2018. Más aún, hemos tomado conocimiento que probablemente se adelantaría la obligación de presentar la declaración jurada sobre renta líquida imponible y datos del balance para el 28 de febrero de 2018.

Por eso, las actuales DDJJ ya están generando complejidades no previstas y que anticipan un mayor riesgo de error en su confección (por ejemplo, trabajar en paralelo con cierre de balances, auditorías, período de vacaciones). Cabe indicar que estas normas sancionan, además, el retardo, omisión o la presentación incompleta y errónea de la declaración.

Todo ello debe ser previsto por la administración, planificando adecuadamente los recursos disponibles para cumplir con este relevante proceso.

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