Filantropía: una deuda pendiente

El Diario Financiero
OPINIÓN – Tribuna libre

RODRIGO HERNÁNDEZ SOCIO TAX & LEGAL, PWC CHILE
Una clave para comprender el bajo desarrollo de la filantropía en Chile está en nuestra legislación tributaria, que generalmente considera el financiamiento de iniciativas de RSE como un gasto rechazado. Paradojalmente, mientras la sociedad exige a las compañías mayor vinculación con las comunidades y un rol activo en la promoción del desarrollo sostenible y la calidad de vida, por otra parte la regulación vigente coarta su rango de acción a través de procesos complejos y demandantes ligados a cada acto filantrópico.

Tributariamente, el castigo por el gasto rechazado disminuye sólo si la donación de la empresa no excede el Límite Global Absoluto del 5% de su resultado tributario. Así, si una sociedad tiene una renta líquida de mil millones y dona cien millones, los cincuenta millones que exceden el 5% de su renta líquida, gatillarán un impuesto de veinte millones.

Con ello, la donación de cien millones implicará el desembolso de ciento veinte millones. Asimismo, la determinación de este límite tiene un importante problema: se establece sobre la renta líquida del año en que se realiza la donación, la cual sólo se conoce al cierre del ejercicio, por lo que el donante nunca tiene certeza de si traspasará o no dicho límite al realizar la donación. Este defecto se ha traducido en que las empresas donen menos de lo quisieran para no excederse o esperen a fin de año para hacerlo. Este límite (aplicable a la mayoría de las leyes con beneficios tributarios), implica que solo pueden donar empresas que en el año de la donación tengan utilidades tributarias. Esta situación impide que muchas sociedades realicen acciones filantrópicas a pesar de que financieramente pueden tener muy buenos resultados y tengan toda la intención de hacerlo.

Por ejemplo, una sociedad que realiza una inversión cuantiosa, puede experimentar pérdidas tributarias por la depreciación acelerada de los activos, pero eso no se condice necesariamente con su situación financiera. También en el caso de sociedades de inversión -que solo reciben ingresos por dividendos o utilidades-, nunca van a tener una renta líquida imponible positiva ya que los ingresos percibidos no forman parte de ella. Esto ocurre mucho en los family offices o holdings de grupos empresariales. Pese a lo poco amigable de esta legislación, la realidad de Chile en los últimos 10 años, es que las donaciones aumentaron considerablemente de MM$ 65.470 en 2005 (0,07% del PIB) a MM$ 156.500 en 2015 (0,1% PIB).

Pero al comparar con legislaciones que fomentan la filantropía y la inversión social, como la de Estados Unidos, el porcentaje del PIB es 20 veces superior al de Chile: PIB 2,1%. La urgencia de reconstruir confianzas hace imprescindible enfrentar las trabas a la filantropía. En esta línea, junto a una necesaria mejora a la Ley de Donaciones, la iniciativa del Ministerio de Hacienda relativa a la creación de un Estatuto de Desarrollo Sostenible representa un incentivo para que las empresas no solo se hagan cargo de las externalidades que su negocio puede provocar, sino también de aquellas acciones que suman valor a la comunidad y al territorio.

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