Urge reforma en materia de patentes municipales

martes, 29 de agosto de 2017
El Mercurio

Francisco Lyon – Socio Lider de Tax & Legal de KPMG Chile
Históricamente ha quedado fuera de la competencia del Servicio de Impuestos Internos (SII), la aplicación y fiscalización de la patente municipal de los artículos 23 y siguientes del DL 3.063 (Ley de Rentas Municipales), que grava el ejercicio de diversas actividades.

Más allá de los argumentos históricos y de texto que lo justifican, y sin entrar en la discusión sobre el cobro asociado a determinadas actividades de inversión, existen evidencias más que suficientes que justifican proponer cambios sustantivos, dando competencia al SII sobre dicha aplicación y fiscalización, favoreciendo con ello una gestión profesional notoriamente más eficiente de lo que hoy se observa.

Lo anterior, no sólo se traduciría en una mejor fiscalización de este tributo, con una consecuente mejora en el recaudo impositivo, sino que, asimismo, generaría un importante aumento en el grado de certeza jurídica, uniformándose criterios hasta hoy de equívoca o absurda aplicación por parte de algunas municipalidades, disminuyéndose del mismo modo la carga tanto fiscal como particular de llevar adelante numerosos juicios que podrían evitarse.

Sin lugar a dudas que una modificación legal de este tipo, debe comprender todo lo necesario como para que el SII pueda, al igual que lo hace con otros tributos, uniformar la interpretación y aplicación de las normas respectivas, pudiendo reconocer asimismo la prescripción cuando ello sea procedente.

Lo anterior, puesto que no resulta plausible que cada vez que un contribuyente alegue prescripción del pago por patentes, en forma obligatoria deba iniciarse un proceso judicial, prácticamente en concomitancia con la municipalidad respectiva, con el indebido desgaste de recursos públicos y privados frente a materias “no controvertidas”.

Otra situación absurda se presenta cuando un contribuyente voluntariamente desea ponerse al día en su cumplimiento tributario, ocurriendo muchas veces que no pueda hacerlo por trabas administrativas, como la exigencia de un certificado de una municipalidad en la cual éste haya estado domiciliado, por ejemplo, hace 20 años atrás, con mínima actividad y recursos, en la cual no se había enrolado (haciéndose prácticamente imposible su emisión sin que se deba acudir a la justicia), siendo además “evidente” la prescripción de las eventuales patentes que pudieran haberse adeudado ante dicha municipalidad.

Otro aspecto que necesita urgente corrección en este ámbito, es la disparidad de criterios que se producen entre las municipalidades, frente a la aplicación práctica de este tributo caso a caso, lo cual muchas veces genera situaciones arbitrarias y contrarias a derecho, en claro perjuicio del contribuyente y de la tan necesaria seguridad jurídica, con reducidas posibilidades de defensa, tanto por lo engorroso y costoso de un juicio, como por la ausencia de tribunales especializados en la materia, que hagan prever de mejor forma un resultado ajustado a derecho. Sólo como ejemplo de esto último, cabe mencionar la falta de racionalidad de algunas municipalidades en la aplicación de la exención que favorece a las actividades primarias (ej. agrícola), cuando la respectiva empresa mantiene fondos líquidos, accesorios y necesarios para esta actividad, invertidos en instrumentos financieros.

Urge así avanzar en perfeccionar esta normativa, todo esto idealmente en el marco de una iniciativa mayor de modernización del Estado.

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