BEPS y su implementación en Chile

NEGOCIOS & EMPRESAS

Ayleen Maturana Ferrés – Gerente de Precios de Transferencia de EY Chile (ex Ernst & Young)
Surgen dudas sobre cómo interpretar algunos aspectos importantes que definen al contribuyente sujeto a esta obligación. Entre otras, cómo tratar situaciones de joint venture, cómo manejar la información no pública de sociedades anónimas abiertas, cómo tratar los casos de inversiones en el exterior que no son controlados.
lunes, 03 de julio de 2017 17:21

Mucho se ha escrito del Reporte País por País (CbCR) promovido por la OCDE, incorporado en las obligaciones de contribuyentes chilenos a través de la Res. 126 de 2016 que establece la nueva declaración jurada DJ 1937, y re-escribe la DJ 1907 de precios de transferencia (PT).

Recordemos que esta DJ obliga a las casas matrices chilenas a reportar información financiera, tributaria y funcional de todos los países en los cuales está presente.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha seguido las indicaciones de la OCDE de cómo incorporar esta nueva obligación, sin embargo al hacerlo a través de una resolución y sujetar su aplicabilidad a las facultades que le otorga el art.41E de la LIR, entre otros, hizo que esta nueva DJ fuera un complemento de la DJ 1907 de PT.

Por ello no extraña ver que el plazo para su presentación sea igual que la DJ 1907 (último día hábil de junio, con posibilidad de prórroga de 3 meses), lo cual acorta los plazos recomendados por la OCDE, esto es, fin de año.

Por otra parte, surgen dudas sobre cómo interpretar algunos aspectos importantes que definen al contribuyente sujeto a esta obligación.

Por ejemplo, cómo contar los 750 millones de euros que se establecen como materialidad en aquellos casos que no hay uno, sino que varios grupos económicos controlados por un mismo contribuyente, pero consolidados de forma individual; cómo tratar situaciones de joint venture; cómo manejar la información no pública de sociedades anónimas abiertas; cómo tratar los casos de inversiones en el exterior que no son controlados; o, considerando la falta de obligación para las subsidiarias de grupos extranjeros, ¿realmente tiene sentido la figura de la entidad sustituta en Chile?

Es de esperar que sigamos recibiendo noticias relativas a este reporte y que la administración se pronuncie respecto a algunas de estas dudas.

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